Urge modernizar la regulación educativa para enfrentar la demanda y las brechas de calidad
Cuando hablamos de educación, solemos centrarnos en los niños, niñas y adolescentes, en profesores, directivos, asistentes y en las aulas que los rodean. Ese es, sin duda, el corazón del sistema. Sin embargo, pocas veces se analiza con la misma atención la institucionalidad, los incentivos y la regulación que enmarcan la labor educativa. Estos factores, lejos de ser secundarios, son determinantes para la calidad, equidad y sostenibilidad del sistema escolar.
En este contexto, se vuelve urgente pensar en un sistema moderno de proyección de la demanda escolar y de las brechas de calidad, enmarcado en un marco regulatorio que habilite el crecimiento y consolidación de organizaciones educacionales robustas, redes de colegios y equipos directivos con buenos resultados.
En su columna para El Mostrador, el abogado José Manuel Astorga, de la Fundación Pivotes, expone tres nudos críticos que requieren soluciones urgentes:
Sostenedores particulares subvencionados previos a la Ley de Inclusión Escolar (2014).
Muchos de ellos, pese a no tener incentivos reales para mejorar la calidad, permanecen en el sistema por temor a perder el arriendo o la propiedad de sus inmuebles. El resultado es una oferta educativa con baja capacidad de innovación y mejoras.Colegio con resultados sistemáticamente bajos.
La Agencia de Calidad de la Educación ha alertado desde hace años sobre establecimientos —estatales y subvencionados— con desempeño deficiente. La regulación actual carece de mecanismos eficaces para reemplazarlos oportunamente y, peor aún, les otorga una especie de monopolio de la oferta educativa por haber ingresado antes de la Ley de Inclusión.Cambio demográfico y disminución sostenida de matrícula.
La baja natalidad está provocando caídas abruptas en la matrícula, dejando a algunos colegios financieramente inviables. Hoy no existe una política clara para anticipar ni gestionar cierres de manera ordenada, lo que genera impactos negativos en la accesibilidad de comunidades completas.
Entre las soluciones necesarias se plantea:
Integración, fusión o coordinación entre sostenedores, para fortalecer proyectos colectivos.
Trabajo en red entre escuelas, con intercambio de experiencias, mentorías y acompañamiento técnico.
Convenios de colaboración entre Servicios Locales de Educación Pública, municipios o instituciones privadas, que abarquen desde administración delegada hasta apoyo en gestión.
Mayor flexibilidad normativa para renovar equipos directivos y agilizar trámites de reconocimiento oficial a proyectos sólidos, con alta demanda y trayectoria de buen desempeño.
Los desafíos de la educación en Chile van más allá del aula: requieren cambios en la regulación y gobernanza del sistema escolar. Un marco moderno de proyección de la demanda y de gestión de brechas permitirá enfrentar con responsabilidad la baja natalidad, resolver el estancamiento de colegios con bajo desempeño y dar espacio a nuevas iniciativas educativas.
En definitiva, asegurar calidad, equidad y sostenibilidad en la educación chilena implica mirar de frente estos problemas incómodos y atreverse a transformarlos en oportunidades de mejora.
